El ejecutivo local hace valer su mayoría y aprueba en solitario una propuesta de tasas que rechazaron PSOE, IU y AIGO .El resto de impuestos municipales quedarán congelados el próximo año.
Las tasas municipales quedarán congeladas el próximo año aunque no así el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,75 al 0,85 del valor catastral. Para una vivienda media, este cambio se sustanciará en un recibo anual que sube 20 euros sobre el actual.
Así quedó ayer aprobado gracias a los nueve votos del PP. El partido de gobierno hizo valer su mayoría para ratificar una propuesta que ayer desató un encendido debate en el Pleno. El argumento esgrimido por los populares apunta a un vencimiento de la revisión del catastro debido a los retrasos en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El alza pretende también atajar un desfase «en la recaudación de este impuesto entorno a los 150.000 euros», advirtió el alcalde, Salvador Fernández. Y añadió que «si la previsión es que el nuevo planeamiento entre en vigor en 2010, el IBI acumulado sería de 280.000 euros, que dada la situación económica del momento no resulta beneficioso para el Ayuntamiento». El concejal de Hacienda, Ramón Artime puso el acento en que «la idea es que dentro de dos años, una vez que se lleve a cabo la revisión catastral, se aplique una rebaja del mismo valor que el que ahora subimos».
El debate
Desde las filas socialistas su portavoz, Luis Morán acusó al ejecutivo de aplicar una subida fiscal «encubierta» y señalan que el incremento real del IBI sería del 13,3%. Como medida para compensar la pérdida de ingresos, Morán sugirió ejercer un mayor control sobre aquellas viviendas que no están dadas de alta en el registro municipal. «Con ello y las ayudas procedentes de los planes estatal y regional no se merman los ingresos», señaló el socialista.
Por su lado, Carmen Gutiérrez, portavoz de AIGO argumentó que la postura de su grupo pasa por la congelación de todos los tributos municipales y la rebaja del que más afecta a la población como es la factura de consumo de agua.
Por último, la concejala de IU-BA, Pilar Suárez, al igual que los socialistas, expuso como rechazo a la propuesta de las tasas que antes de subir el impuesto «lo primero que debería hacer el ejecutivo es lograr que paguen los propietarios de las viviendas que están sin abonar». Una queja que el concejal de Hacienda, Ramón Artime rebatió al afirmar que en la actualidad todas las viviendas del concejo están registradas, algo que «nos costó cinco años conseguir que fuera así», concluyó.
fuente/elcomerciodigital.com/